“ Entre 1820 y 1852, el espacio geográfico-social y político argentino se
fragmentó como medio para mantener la posibilidad de reunificación. Al
promediar el siglo, los sectores política y económicamente dominantes en Buenos
Aires resistieron los reclamos de una alianza de sectores dominantes del
litoral fluvial y del interior […] otra vez las provincias Unidas se
fragmentaron en dos organizaciones políticas formalmente separadas: el Estado de
Buenos Aires y la Confederación Argentina…[…]” Ansaldi y Giordano.
Corría el
mes de Septiembre de 1852, en la ciudad de Santa Fe comenzaban los preparativos
para dejar finalmente inaugurada la Asamblea Constituyente el 20 de Noviembre,
y en Buenos Aires estallaba una sublevación cívico-militar. Los convencionales
estarán en la ciudad capital cinco meses para la votación y aprobación del
texto constitucional. Así el 1º de Mayo de 1853 los congresales aprobarán la
Constitución sin la participación de Buenos Aires; proclamando a Justo José de
Urquiza presidente de la Confederación Argentina. Sin lugar a dudas, la
ausencia de Buenos Aires en este proceso debe leerse a la luz de los intereses
económicos; y políticos que se tensionaban en este contexto: los ingresos
aduaneros, la libre navegación de los ríos, la decisión sobre qué provincia
convocaría finalmente a la unidad nacional, y la definición del lugar que sería
la capital de la Nación; constituirán el núcleo de las disputas. También la
cuestión religiosa generará conflicto hacia dentro de la convención: si bien se
impone el principio liberal, en tanto no hay religión de Estado, el presidente
de la Nación deberá ser católico, y el Estado sostiene el culto católico
apostólico y romano.
El 1º de Mayo de 1853, la Constitución nacional fue aprobada. A través de un decreto se promulgó el 25 de mayo y finalmente fue jurada el 9 de julio de ese mismo año. La Constitución Nacional establece la forma de gobierno Representativa, Republicana y Federal de gobierno, la división de poderes, garantizando las libertades individuales y lo derechos civiles a todos los habitantes del país. Establece también la federalización de Buenos Aires y la nacionalización de los ingresos de la Aduana. Pero la Confederación no pudo imponerle a Buenos Aires estas medidas; y el país se dividió: Buenos Aires, con su ciudad puerto por un lado y la Confederación con capital en Paraná, provincia de Entre Ríos, por otro. Desde 1853 La Constitución Nacional sufrió cinco reformas, incorporándose nuevos derechos a los ya existentes. En 1949 se incorporaron al texto de la Constitución los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y cultura. En 1957 se incorporaron los derechos del trabajador, de los gremios y la seguridad social. La última reforma de 1994 incorporó derechos denominados de “Tercera Generación” como por ejemplo derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado, así también se han incorporados derechos referidos a los consumidores y usuarios de bienes y servicios esto implica requerir información veraz sobre los productos que se consumen y/o del servicio que usan. También la reforma de 1994 incorporó diversos mecanismos judiciales para proteger los derechos individuales: el habeas data, el amparo, habeas corpus y el amparo colectivo. En su conjunto, la reforma no cambió los principales contenidos de la Constitución de 1853, aunque sí modificó parte de la estructura institucional e incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.
En el año 2001, la crisis de gobernabilidad y de legitimidad que atravesó el país puso en cuestión los principios esenciales que definen a la Constitución Nacional como ley Fundamental, y que organiza al Estado, poniendo al país al borde de la disolución misma. Sin embargo, la legitimidad de las instituciones asimilada a la legalidad que proviene de la Constitución, junto con la legitimidad del ejercicio del poder puestas en tensión, implicó una ardua tarea de relegitimación de la política y la validación de la Constitución Social como contrato social.
En el 2003, con motivo de conmemoración de la sanción de la constitución, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.863, que en su articulado dispone que el primero de mayo sea el “Día de la Constitución Nacional”.
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